En nuestro Narco-Estado recomiendan cancelar 5 militares y 1 agente de la DNCD integraban red de narcos operaba en AILA - La recomendación de expulsión fue remitida por Rosado Mateo al ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Joaquín Virgilio Pér

SANTO DOMINGO, DN., Capital de la República Dominicana, UNA ½ ISLA en el Caribe, Invadida Pacíficamente por sus Vecinos, con la tolerancia de los gobiernos Dominicanos y el visto bueno de Canadá, USA y la UE, con el plan de unificarla en el 2020 “Convertida en Narco-Estado”, Mayo 2012 (PID agencia de noticias fundada en 1961).- Un grupo de cinco militares y miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fueron detectados como presuntos contactos de una banda de narcotraficantes que enviaba estupefacientes a Estados Unidos, razón por la cual les fue recomendada la cancelación de manera deshonrosa de las instituciones a que pertenecen, previa investigación realizada por una junta interinstitucional.

Los militares que supuestamente formaban parte de la red estaban asignados al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA) prestaban servicio en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), lo mismo que el agente de la DNCD, quien fue el primero en ser expulsado de la agencia antinarcóticos, por disposición del presidente de ese organismo, mayor general Rolando Rosado Mateo.

La recomendación de expulsión fue remitida por Rosado Mateo al ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Joaquín Virgilio Pérez Féliz, después de una junta integrada por cuatro coroneles asignados al J-2, el CESA y la DNCD. Los implicados en el caso, dice un informe, habrían permitido el envío a EEUU de 84 paquetes de cocaína en tres partidas, maniobra detectada por los organismos de inteligencia.

Los militares señalados como alegados cómplices de la red son el sargento Julio César Reynoso Rubiera y el cabo Fidel Ernesto González Infante, de la Fuerza Aérea Dominicana; así como los también cabos Leonel Angulo Polanco, Obdhys Palouski Contreras Ramírez y Carlos Edison Rocha Vargas, los dos primeros del Ejército y el último de la Marina de Guerra, según el informe.

El ex-agente de la DNCD, expulsado ya de las filas de la agencia antidrogas, fue identificado como Feffrey Encarnación Carela. La investigación que permitió descubrir las acciones irregulares de los militares y el agente fueron iniciadas en septiembre 2011 cuando autoridades federales ocuparon 12 paquetes de cocaína en el Aeropuerto John F. Kennedy, procedente del AILA, en el vuelo 964 de Delta Airlines.

A pesar del decomiso de la droga, agrega la DNCD, ese grupo siguió dando facilidades a la banda de narcotraficantes parta remitir cocaína a Norteamérica, lo que quedó demostrado con la incautación de 52 paquetes de la misma droga en la terminal de Filadelfia, el 7 de enero de este año. El último decomiso fue de 20 paquetes en el AILA, antes de ser embarcado con la supuesta anuencia del grupo.

Por esos casos fueron detenidos, en fechas diferentes, los nombrados Robert Cahsman, Alvaro Arístides Francisco Morillo, Cheroque González de los Santos, Wilfri Manuel Alvarez Toribio, Ranfi Javier, Divanni Ferrera Merán, Julián Elías Ferreras Pérez, Julián E. Heredia Pérez, Argenis Albert, Rafael Leonidas Cuello, este último cuando llegaba a Nueva York, a finales de septiembre de 2011, con 12 paquetes en su equipaje.

El informe de la DNCD revela que la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) facilitó informaciones muy valiosas a la DNCD para que la junta mixta pudiera llegarle a los cabecillas de la banda y a quienes les daban facilidades en el AILA para el envío de narcóticos a los mencionados destinos. Se determinó, además, que el grupo clonaba tiques de maletas de personas que nada tenían que ver con narcotráfico.

Algunos de los detenidos durante la investigación eran empleados de

empresas que ofrecen servicios de chequeo y en rampa a las aerolíneas, sin que las acciones atribuidas a esos individuos de ninguna manera comprometa la responsabilidad de esas compañías. Se recomendó, además, prohibir la expedición de tarjetas de identificación e ingreso al AILA de los empleados de esas empresas que pudieron estar ligados a la banda.