Santo Domingo, D.N.(PID).- El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, declaró que para combatir la violencia contra las mujeres se requiere, además de las leyes, la creación de políticas y programas específicos que deben ejecutarse unidos a labores preventivas y de educación.
Manifestó que la violencia doméstica contra las mujeres es la que más víctimas genera y en consecuencia, tiene que tomarse como una prioridad nacional que debe ser enfrentada con profesionales capacitados en la materia, que comprendan la delicadeza del fenómeno y que tomen en cuenta protocolos de actuación, debido a que la mujer maltrata, al verse en ese escenario, tiene la obligación de contar su vida privada para poder actuar en consecuencia.
El doctor Jiménez emitió sus consideraciones al pronunciar las palabras centrales en el acto de apertura del “Seminario sobre Mujer y Justicia” que organiza la Procuraduría General de la República, conjuntamente con la Escuela Nacional del Ministerio Público y el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia de España, y que se extenderá hasta el próximo viernes 20 del mes en curso.
Dijo que el equipo de profesionales integrado por jueces, fiscales, policías y médicos deben estar a la altura de lo que demanda esa situación, la cual consideró compleja, ya que “la mujer maltratada nos cuenta su vida privada, la de su marido, sus hijos, hijas, que nos habla de personas a las que quiere y son su familia”, enfatizó.
En ese sentido agregó que son los miembros de la familia los que violentan los derechos fundamentales de las mujeres, y esa situación cambia la perspectiva de los derechos humanos, porque mueve a los agresores de la esfera tradicional de lo público a un círculo privado.
El procurador resaltó el hecho de que las mujeres han logrado el reconocimiento en mútiples esferas de condición de personas adultas con dignidad y derechos, ocupando posiciones que antes eran vedadas como las universidades y puestos de trabajos.
En la actividad también participaron Almudema Mazarrasa, embajadora de España, Ramón Núñez, director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Rodolfo Espiñeira y Roxanna Reyes, procuradores generales adjuntos, Soledad Cazorla, del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia de España, Dulce María Rodríguez de Gorys, magistrada de la
Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Rosa de los Santos, directora de Planificación y Programación de la Secretaría de la Mujer, entre otras personalidades.
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