La Cámara de Cuentas, que dispone de un rol constitucional para implementar un arqueo a una institución del Estado que se presume ó sospeche ha incurrido en ligereza en el manejo de los recursos del contribuyente, ha sido objeto de un reciente escándalo que no se ha disipado del todo.

Ocurre que los nueve jueces del tribunal inquisidor de in-conductas con los recursos del erario, acordaron subirse sus ingresos o salarios de RD $261,088 al mes a RD $449,994.

En primer aspecto, una decisión de esa envergadura los jueces, que son designados por el Senado mediante una terna sometida por el Poder Ejecutivo, debió merecer un escenario de consenso más amplio que los nueves jueces, digamos consultar al Senado o al jefe del Estado que es quien escoge sus miembros.

En segundo aspecto, la decisión es incorrecta y poco elegante, para no apelar a otros términos subidos y así impedir una tenida en los tribunales con los señores jueces acusándome de difamación e injuria, un argumento jurídico que más que para clarificar, se usa para chantajear, doblegar posiciones, fungir de cuco.

En tercer término, el presidente Leonel Fernández debiera aprovechar esta coyuntura de escándalo en que incurrieron los nueve jueces de la CC para someter al Congreso un proyecto de ley mediante el cual se suprime ese tribunal inoperante, innecesario, santuario derábulas, ponderando que realiza una función paralela con la Contraloría General de la República. ¿o no es así?.

Esa coyuntura debiera el gobernante aprovecharla para introducir también un proyecto de ley adjunto mediante el cual se suprime la Liga Municipal Dominicana y el Inespre, disponiendo que la Secretaría Administrativa de la Presidencia distribuya los por cientos que la ley asigna a los cabildos y en los segundo crear el Departamento de Economía Popular adjunto a la Secretaría de Agricultura.

Añadir en el conjunto que todas las fortalezas del Ejército Nacional, con las excepciones de las de Dajabón, Restauración, Villa Anacaona, Jimaní, Elías Piña, Pedernales, Constanza y una que otra más en pequeños pueblos estratégicos, sean suprimidas y convertidas en centros de salud, de formación laboral acelerada, escuelas públicas y hasta hoteles pequeños.

Esto así, porque las fortalezas construidas en cada ciudad y pueblo tienen su origen más generalizado en la Era de Trujillo, cuando el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo dispuso sus construcciones para de esa manera mantener un control estricto y cuco gigante para la población, disponiendo desfiles en fechas patrias para sugestionar, intimidar, chantajear, total que al final esa sobrestimación de que todos le temían rodó por el piso cuando fue acribillado en la gesta del 30 de mayo de 1961. Le temían muchos, cierto, no todos.

Eliminar también la Superintendencia de Bancos porque hace función paralela al Banco Central, y disponer una reducción en este del tamaño sóbrese dimensionado de su personal, así como también regularizar las escandalosas pensiones de quienes laboraron en él, comenzando por los ex-gobernadores con pensiones de $500 mil y más. Una barbaridad. También los sueldos de muchos funcionarios del organismo rector de la economía y la moneda nacional.

Todos esos son requerimientos que el Presidente debe impulsar, propiciar, para reducir el tamaño gigante del Estado y conformarlo cónsono a las específicas necesidades del país, y así, mediante el ahorro de recursos, derivarlos a obras de envergadura social, aprovechando la coyuntura de su intención de reelegirse en los próximos comicios de 2008.

Esas son necesidades sentidas, de bulto, que requiere la sociedad dominicana y lo que estoy precisamente es que el presidente Fernández dispone de la primicia de concretizarlas, porque de seguro que otro lo hará cuando le suceda, ni modo. Veremos.