Comienzo por rendir tributo de recordación a mi profesor de derecho constitucional, licenciado don Manuel A. Amiama, y al experto en esta materia, doctor Julio César Arias Mota.

Sobre una nueva reforma a la Carta Magna, estimo imperativo, con miras al fortalecimiento del estado de derecho y la institucionalidad, establecer protección efectiva en favor de los desafortunados y hambrientos. Hay que tomar medidas específicas contra la pobreza, con presupuesto especial en la Ley de Gastos Públicos, bajo el control de una secretaría de Estado denominada de Bienestar Social, Envejecientes y Niñez; con la que se ampliaría el artículo 8 de la Ley de Leyes sobre los derechos individuales y sociales.

En otro aspecto, considero que un nuevo texto sustantivo debería rezar en su artículo primero: "El pueblo dominicano constituye una nación organizada en estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana Duarte". Esto constituiría un excelso homenaje a los forjadores de la nacionalidad, en especial a Juan Pablo Duarte.

Asimismo, hay que precisar con extrema diafanidad sobre la nacionalidad dominicana, pues en las Oficialías del Estado Civil existe la extorsión de personas de origen haitiano y de otras nacionalidades inscritas en los libros como dominicanos, sin llenar requisito alguno.

En ese sentido, sugerimos a la Junta Central Electoral y a las direcciones de Migración y de Pasaporte establecer la prueba de ADN para casos de dudas, debido a que no basta decir que se es hijo de un dominicano o dominicana con un extranjero, sino que científicamente hay que probar esa calidad.

La nueva Carta Magna también debe establecer la elección de senadores, diputados y regidores por representación a favor de dominicanos residentes en el exterior, los cuales contribuyen día a día con el desarrollo económico, social y hasta político del país; así como aprobar la representación de las minorías congresuales y municipales de los partidos y agrupaciones políticas reconocidas.

Igualmente, debe consignarse la creación, independientemente de cualquier otra instancia, del Tribunal de Garantías Constitucionales, el Recurso de Amparo y el Defensor del Pueblo, como tres figuras jurídicas básicas que contribuirían al fortalecimiento del estado de derecho.

Es obvio, por razones económicas y de otra naturaleza, que una nueva reforma constitucional deberá establecer las elecciones presidencial y vicepresidencial para el primero de julio a partir del 2012 y las congresuales y municipales para el primero de noviembre de ese año.

Asimismo sugerimos que en este último certamen sean elegidos por el pueblo, en sus respectivas jurisdicciones, los gobernadores provinciales, los cuales deberían de gozar de independencia y autonomía presupuestaria.

Hay que establecer también la figura del referéndum o plebiscito con sus finalidades respectivas y designar como tribunal supremo electoral a la actual Junta Central. Igualmente, hay que consignar la ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura, agregando como miembros al Presidente del Colegio de Abogados, a un representante de la sociedad civil y uno de los grupos de los derechos humanos.

Hay que establecer la retención y confiscación de bienes y dinero sustraídos al Estado, declarando la corrupción y la impunidad como crímenes contra el pueblo. Asimismo, la ampliación al respecto de los símbolos patrios, los valores morales y culturales, el patriotismo y el cumplimiento de las leyes y disposiciones municipales, entre otras ordenanzas.